Cuida a su madre por treinta años y resulta denunciada por violencia familiar al pedir apoyo a sus hermanos
Silvia Núñez Esquer
Hermosillo, Sonora | 22 noviembre 2022
Silvia Lohr Romero se hizo cargo de su madre por treinta años consecutivos, desde que, separada de su esposo que ejercía violencia contra ella, se fue a vivir con su madre, haciéndose cargo del cuidado y de su manutención.
Para sostenerse económicamente, su madre y la señora Rosario hoy de 87 años de edad y ella trabajaban un negocio familiar de tortillas de harina en la colonia Villa de Seris.
Al no poder trabajar la señora Rosario, tanto ella como la hija de Silvia, discapacitada por parálisis cerebral, pasaron a ser total responsabilidad de Silvia Lohr.
En febrero de 2022 y luego de que el negocio en donde Silvia se hace cargo de hacer a mano las tortillas de harina, bajara la productividad, su madre contrajo la infección de Covid-19, sus gastos se incrementaron pues la señora fue atendida en servicio particular, incluso estuvo hospitalizada por la gravedad del cuadro.
Fue entonces cuando Silvia decidió pedir apoyo a sus ocho hermanos y hermanas, quienes no colaboraban en ninguna forma para el cuidado y sostenimiento de su madre. Por dos meses la apoyaron, pero al negarse a continuar aportando recursos, Silvia se vio en la necesidad de demandar por la vía jurídica a sus familiares por incumplimiento de obligaciones familiares.
A pesar de que ella ha cuidado y sostenido económicamente tanto a su madre como a su hija de 44 años de edad, quien nació con parálisis cerebral, por lo que es totalmente dependiente, la respuesta de tres de sus hermanas y hermanos fue contra demandarla por supuesta violencia familiar hacia su madre.
Después de una serie de irregularidades cometidas por el auxiliar del Ministerio Público, Silvia y su abogada Iris Armenta decidieron hacerlo público, ya que esta es una más de las arbitrariedades que se cometen en el Centro de Justicia para las Mujeres y las personas que ahí atienden.
DESVÍAN OBJETIVO EN EL CEJUM: ABOGADA
No es este el primer caso que se denuncia públicamente por víctimas mujeres que acuden por ayuda legal para denunciar ya sea a algún agresor o por pensión alimenticia para ellas y para sus hijas e hijos.
Varios testimonios de mujeres víctimas atendidas en el Cejum narran que ahí se atiende a hombres que acuden a denunciar a las mujeres, y en una total contradicción, se toma la denuncia y se procede contra las mujeres.
Iris Anel Armenta Hernández es la abogada defensora de Silvia Lohr, y asegura que hay muchas omisiones por parte del Ministerio Público a través de su auxiliar, ya que no han investigado y toda la acusación que está a punto de vincular a proceso a Silvia solo ha tomado en cuenta el testimonio de los hermanos que la están acusando.
Denunció que en la carpeta de investigación hay contradicciones, ya que quienes la demandan por supuesta violencia familiar acusan de que hay omisiones de cuidado hacia la señora Rosario, pero por otra parte declaran aspectos positivos.
Explicó que en febrero de 2022 una nieta de la señora Rosario interpuso una demanda por incumplimiento de obligaciones familiares, ya que de los nueve hijos que tiene la señora de 87 años de edad, solo una brindaba cuidados y manutención.
Ocho de ellos no cumplían con los deberes que por ley les corresponden que es la de contribuir al bienestar de la madre de edad avanzada. A partir de que se da la denuncia tres hijos queriendo revertir las cosas, utilizaron a la señora Rosario promoviendo una denuncia firmada por ella.
La señora Silvia presentó una serie de datos para líneas de investigación, para que el Ministerio Público explorara todas las hipótesis, atendiendo a que es una persona de 87 años y que es obligación del MP investigar.
Sin embargo, observan que el Ministerio Público nada más ha investigado la hipótesis de culpabilidad de la Señora Silvia desechando la denuncia de ésta.
Entre otras irregularidades, existe diferencia entre las firmas de la señora Rosario, y manifestaciones que no se dieron ante una autoridad, sino que fueron escritos que solo firmó, y que pudiera tratarse de una manipulación por alguien que está elaborando los escritos para que ella los firme y el MP no ha indagado más que en la hipótesis de culpabilidad de la señora Silvia.
Iris Armenta considera que el Ministerio Público debe cerciorarse de la veracidad de los mismos y, sobre todo, ser imparcial en sus investigaciones.
No se ha ordenado ningún peritaje salvo una prueba psicológica de la señora Rosario. Sin embargo, esa pericial no aborda hipótesis distintas o sobre la historia de vida de la persona, solo se incluye la supuesta culpabilidad de Silvia. Es decir, carecen de toda sustentabilidad los informes psicológicos, explica.
Silvia se enteró de la denuncia en su contra por la notificación de medidas de protección que representaban que ella se alejara de la casa en la que ha vivido por treinta años, en donde además vive su hija que padece parálisis cerebral. Ahí mismo se encuentra la fuente de trabajo que es la tortillería.
Es por ello que de inmediato se presentó un amparo contra las medidas de protección, para desactivar el desalojo.
Otra actuación extraña es que el Ministerio Público a cargo de Porfirio Días Brown, decidió acumular las dos carpetas, como denunciante y como denunciada, pero solo dio curso a la denuncia contra Silvia.
La abogada defensora compartió que en el Centro de Justicia para las Mujeres hay un vicio el recibir denuncias de hombres que acusan a mujeres y se investigan y llevan casos contra las mujeres, siendo que el Cejum fue creado para defensa de derechos de las mujeres.
Considera que el objetivo inicial del Cejum se ha desviado, ya que, ahí la obligación es cuidar y proteger a las mujeres y las niñas sonorenses, y eso se ha desvirtuado.
El llevar casos en contra de las mujeres, ha llevado a perder la finalidad, pues las mujeres ya no van con firmeza, se sienten inseguras pues en los pasillos del Cejum se topan con los hombres que han sido sus agresores.
Este miércoles 23 de noviembre se realizará la audiencia inicial, y Silvia será informada de los delitos y datos que se tienen contra ella, y podría ser vinculada a proceso. Ambas piden a las autoridades que investiguen y juzguen con perspectiva de género y de derechos humanos.
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