Silvia Núñez Esquer | Hermosillo, Sonora | 20 de mayo del 2022
En pie de lucha, estresada, nostálgica y desconcertada, pero firme en la defensa de la tierra se encuentra Francisca Banda Valenzuela, ejidataria de Buaysiacobe, municipio de Etchojoa, Sonora.
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| Ejido Buaysiacobe. Foto: proporcionada por Francisca Banda |
Panchita, es una de las ejidatarias del sur de Sonora que mantiene un plantón en su parcela hace casi un mes, soportando altas temperaturas, por el acecho de un terrateniente protegido por autoridades que pretende despojarla de su patrimonio.
El pasado mes de marzo el Instituto Nacional de las Mujeres redujo su presupuesto en cinco millones de pesos para transferirlos a la Procuraduría Agraria “para desarrollar acciones a fin de que las mujeres indígenas y rurales puedan hacer efectivos sus derechos agrarios, en particular el acceso a la tierra, así como el de la participación democrática en espacios de toma de decisión en el ámbito agrario en condiciones de igualdad y no discriminación”.
Según datos de Inmujeres en México 51% del territorio nacional es propiedad social, existen 32, 212 núcleos agrarios, 29, 801 ejidos y 2,409 comunidades agrarias. 5.4 millones de personas son ejidatarias, comuneras, avecindadas o posesionarias, de las que, 27% son mujeres y 73% hombres.
La representación agraria de las mujeres se distribuye de la siguiente forma: 21% del total de integrantes de los comisariados ejidales y los consejos de vigilancia son mujeres. Solo el 7.6% de las presidencias de los comisariados ejidales y comunales están a cargo de mujeres. En el caso de los Consejos de Vigilancia sólo el 5% de las presidencias son mujeres.
“La Procuraduría Agraria tiene como función principal la defensa de los derechos de los ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas”, justificó el Inmujeres para la donación.
Sin embargo, parecería que la Procuraduría Agraria no ha modificado su enfoque para proteger los derechos de las mujeres ejidatarias. El 19 de agosto del 2019 Francisca Banda Valenzuela interpuso una demanda ante la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario, contra David Rochín Ley, resuelta a su favor, pero sin ejecución.
En una guerra desproporcionada, al quedar los terrenos de Rochín Ley alrededor de la parcela de la familia Valencia Banda, el terrateniente pretende quedarse con el único pedazo de tierra que aún no le pertenece.
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| Linderos parcela de Francisca Banda |
Francisca narra cómo está batallando porque a pesar de que la resolución de la sentencia fue a su favor, nadie ha acudido a retirar la maquinaria que permanece lista para continuar la trilla del trigo que sembró Rochín, siembra por la que solo le cobra una vez al año, siendo que la realiza dos veces por año.
Desde el 28 de abril pasado Francisca Banda Valenzuela permanece en un plantón a cielo abierto, instalada en su parcela, defendiendo la tierra y acompañada por algunas personas solidarias que le llevan de comer, agua para no deshidratarse, apoyando la lucha contra la injusticia.
Francisca cuenta con su título de propiedad desde 1999 de la parcela número 260 Z1 P2/2, con una superficie de 8-95-88.85 hectáreas, en el ejido Buaysiacobe, municipio de Etchojoa, Sonora, como consta en su demanda y en la resolución de sentencia.
La afligida ejidataria tuvo que promover un juicio agrario contencioso por la desocupación y restitución de una fracción de su parcela, contra David Rochín, obteniendo resolución a su favor. “Me está mordiendo los linderos, lo que quiere es hacerme chiquita la parcela”, lamenta.
No obstante contar con una resolución de sentencia a su favor, Panchita comenta que ninguna autoridad lo ha hecho efectivo y la amenaza permanece ya que el referido tiene pendiente la trilla del trigo. “No me dice nada, si me va a pagar o no, pero dejó ahí el trigo. Las autoridades me dicen que, si tomo el trigo como pago por mi cuenta, incurriría en un delito”.
En su exigencia de restitución de tierras ante el Tribunal Unitario Agrario número 35, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, acreditó debidamente ser la dueña de la parcela, lo cual demostró con el título de propiedad, expedido por el Registro Agrario Nacional.
Además pidió que se condenara a la Unión de Usuarios Productores Agrícolas de la Unidad de Riego Para el Desarrollo Rural de la Sección número 10 del distrito de riego número 38, cancele del padrón de usuarios, el permiso de siembra a nombre de David Rochín Ley, respecto de esa parcela.
El ejido Buaysiacobe se fundó en 1939 donde la mayoría de los ejidatarios hacían producir sus tierras que eran de veinte hectáreas, salvo Dolores Valencia Molina, “quien cuando todos sembraban sus tierras, él seguía subsistiendo de la leña que le daba su terreno donde vivió con su familia, en el cerro Babukawi, conocido también como ‘El Cerrito’, por ser el más pequeño de los cercanos al ejido Buaysiacobe”, narra Francisca en su demanda.
Aludiendo al principio constitucional de indivisibilidad de la parcela ejidal publicado en el Diario Oficial en 1992, Francisca solo aspira a que le pague lo que debe Rochín por la renta de la tierra, y que deje de invadir y de asechar con la amenaza de apropiarse de su parcela.
Ese terreno de su propiedad se ha convertido en la manzana de la discordia para el terrateniente demandado ya que al noreste, sur y noroeste colinda con tierras de las que es dueño, pero al sur colinda con un dren que conduce agua de riego, de valor incalculable para el campo.
Ejido Buaysiacobe
Del antiguo acuerdo entre la familia Valencia y David Rochín para que éste desmontara la tierra a cambio de poder sembrar en ella, solo queda la intención de apropiársela.
Ante la Procuraduría Agraria, Delegación Estatal en Sonora, con residencia en Navojoa, Francisca acreditó que la parcela es de su propiedad, que Rochín Ley continuó sembrando sin su permiso y que sembró el ciclo pasado “sin pagar ningún solo peso, lo cual quiso repetir este año, pero le fue impedido por los ejidatarios que frenaron la trilla, hasta que pagó ante el Ministerio Público del Estado de Sonora la renta de las dos últimas cosechas derivado de la denuncia que se le interpuso ante esa representación social”.
Más aún, a Francisca le ha sido negado el ingreso al padrón de usuarios del Módulo de Riego número 10, pues se encuentra a nombre de David Rochín Ley, sin ser el titular de la parcela. “A todas luces violan mis derechos como ejidataria indígena yoreme-mayo”, reclama.
Ante el Ministerio Público solicitó el procedimiento de conciliación, pero el invasor de tierras no aceptó desocupar la parcela de Francisca y se encontraba en ese momento preparando la tierra para volver a usarla.
Lo increíble de la historia es que en la sentencia le dan la razón a Francisca Banda Valenzuela, pero no se ejecuta, protegiendo los intereses de Rochín Ley. A pesar de que ella cuenta con su título de propiedad desde el 17 de febrero de 1999.
La Procuraduría Agraria condenó a David Rochín Ley a la desocupación y entrega a favor de Francisca Banda la superficie de tierra que le corresponde. Además, “deberá abstenerse de usar, disfrutar, y disponer del terreno referido, aunado a que tampoco podrá realizar actos perturbatorios en éste”.
La sentencia expedida el 27 de noviembre del 2021, resuelve
que, “una vez que cause estado la presente resolución el personal actuante de
este órgano jurisdiccional deberá proceder a la ejecución de la sentencia”, no
obstante, nadie ha acudido a retirar en definitiva a David Rochín quien mantiene
producto en la parcela propiedad de Francisca Banda. 
Resolutivo demanda Francisca Banda
De igual forma, la sentencia condena a la Unión de Usuarios Productores Agrícolas de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural de la Sección número 10, del Distrito de Riego número 41 Río Mayo, A.C. a que cancele del padrón de usuarios y permisos de siembra el nombre de David Rochín Ley, y en su lugar realice el alta de Francisca Banda Valenzuela, titular de la parcela en cuestión.
En el expediente 348/2019 la sentencia resuelve procedente la demanda de Francisca Banda Valenzuela, y se condena rotundamente a Rochín Ley a la desocupación y entrega a favor de ella la superficie en disputa. A la vez, condena a la Unión de Usuarios de Riego que incluyan a Francisca en su padrón. Pero Francisca continúa sufriendo calor en el plantón, en incertidumbre, en el riesgo constante de que, como tiburón que come al pez más pequeño, el terrateniente engulla su parcela.
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