Silvia Núñez Esquer | Hermosillo, Sonora | 21 abril 2021
Excluidas del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, las mujeres no tendrán voz en ese órgano de la ciudadanía al menos en el lapso de los próximos cuatro a doce años.
Esto es porque la Gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich en su carácter de Presidenta del mismo, nombró solo a varones como nuevos integrantes del Comité Ciudadano de Seguridad Pública.
De los nueve nombramientos, que tendrán vigencia de cuatro años tres de ellos, ocho años otros tres, y doce años el resto, no hay ninguna mujer ni como propietario, ni como suplente, siendo en total diez y ocho hombres que estarán dando su opinión e influyendo en la política de Seguridad Pública en el Estado de Sonora.
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| Comité ciudadano de Seguridad pública de Sonora |
Es importante mencionar que durante la gestión de gobierno de Pavlovich Arellano (2015-2021) nunca se nombró a alguna mujer como Secretaria, por lo que el gabinete se caracterizó por ser de hombres que acompañaron a la titular.
En varias Secretarías hubo relevo luego de renuncias por razones diversas, y en ninguno de los casos se contempló a alguna mujer de las tantas colaboradoras de alto nivel académico con el que cuenta en puestos menores.
La única posición para la que, haciendo uso de su prerrogativa como titular del poder ejecutivo propuso a una mujer, fue para dirigir la Fiscalía General del Justicia del Estado de Sonora, órgano que en teoría es autónomo, pero que la persona titular es propuesta por la o el gobernador.
De esta forma el gabinete de Seguridad que se reúne para diseñar la política de seguridad pública en Sonora, más las opiniones y recomendaciones del Comité Ciudadano de Seguridad pública, quedan en manos de hombres.
La Ley de igualdad en Sonora queda totalmente rebasada e ignorada pues en los puestos de gobierno parecería que es un principio que las mujeres no mandan y continúan siendo relegadas a los puestos menores, o a los tradicionales “asuntos de mujeres”.
El que dicho comité esté constituido solo por hombres marca una pauta clara de que la visión de seguridad pública tiene que ver con proteger el patrimonio, los bienes que interesan a los hombres, y a determinadas clases sociales.
Basta con analizar en el boletín oficial del 29 de marzo de2021 el contexto en el que fueron nombrados los integrantes para darnos cuenta a quiénes representan estos hombres.
El BO marca el inicio del acuerdo que designa a los representantes ciudadanos integrantes del Comité ciudadano de seguridad pública y sus respectivos suplentes.
Según la legislación el comité ciudadano es una instancia autónoma adscrita al Consejo Estatal de Seguridad Pública, conformada por nueve representantes ciudadanos (y sus suplentes).
Lo importante del comité ciudadano es que tiene por objeto coadyuvar con las autoridades de seguridad pública del Estado y de los municipios.
Explica el acuerdo, publicado en el Boletín Oficial que tendrán posibilidad de analizar junto con las autoridades: “el fenómeno delictivo, las conductas antisociales y las infracciones administrativas, generando propuestas de planes, programas y acciones de corto, mediano y largo plazo para la consecución del objeto y fines de ese mismo ordenamiento legal”, nada más y nada menos.
También describe cómo deben ser quienes aspiren y sean nombrados como integrantes del consejo: “El Comité Ciudadano de Seguridad Pública se conformará por nueve representantes ciudadanos y sus respectivos suplentes, que los integrantes del mismo comité se renovarán cada cuatro años y de manera escalonada”.
Además especifica que corresponde al Presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en este caso la gobernadora, hacer la designación de los mismos.
Se estima pertinente -dice el BO- que la designación de los representantes ciudadanos recaiga en aquellas personas que, además de reunir los requisitos legales de “formación profesional, ejercicio profesional y conocimientos en materia de seguridad pública”, garantizan el desempeño de sus funciones en el comité ciudadano “con objetividad, imparcialidad, honestidad, responsabilidad y el manejo confidencial de aquella documentación o información que por razón de su naturaleza y contenido, pueda producir algún daño, peligro o afectación a personas o instituciones”.
Todas esas características parecerían ser propias solo de hombres y no ser posible que la gobernadora las encontrara en algunas mujeres.
La justificación para nulificar a las mujeres de la visión de seguridad pública en Sonora, puede ser que la convocatoria estuvo abierta para toda la población y era posible que cualquiera fuera postulada o postulado.
Sin embargo, las organizaciones de mujeres no fueron convocadas, de acuerdo al sondeo que hicimos entre los colectivos que inciden en legislación y políticas públicas por una vida libre de violencia para las mujeres.
Según este sondeo, quienes tienen experiencia y conocimiento en políticas públicas de seguridad y protección ciudadana para las mujeres con perspectiva de género, nunca conocieron la convocatoria, pues ninguna tuvo acceso al documento a pesar de que estuvo vigente, se designaron y finalmente se les otorgó el nombramiento oficial a los integrantes desde el 29 de marzo pasado.
De origen la convocatoria de 4 de agosto de 2016 (sic) es excluyente al no indicar que al menos la mitad de las personas integrantes del Comité Ciudadano de Seguridad Pública deberían ser para cada uno de los géneros.
Tampoco está caracterizado por la inter seccionalidad ni la inter culturalidad. Esto hace que muchos sectores de la población, sobre todo los más vulnerabilizados, estén excluidos.
En esta visión arcaica de Seguridad pública que omite la seguridad y protección ciudadana, ni por asomo se advierte el enfoque de derechos humanos ni perspectiva de género, lo cual explicaría la exclusión de las mujeres.
Los integrantes provienen de cámaras y organizaciones empresariales, con lo que se da por sentado que está representada la sociedad civil, incluso las únicas dos mujeres que han pertenecido a ese comité en el pasado, Mirna Rea Sánchez y Cecilia Bours Martínez, también provienen de la clase empresarial.
Este órgano colectivo ciudadano vuelve a reafirmar la inclinación acusada a ignorar no solo el punto de vista de las mujeres, sino desconocer a las propias víctimas que podrían hacer propuestas de prevención. Una vez más la violencia de género y su prevención seguirán siendo ignoradas, pues está comprobado que a los hombres les interesan sus bienes patrimoniales, las mujeres que se defiendan solas.
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